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En el marco del extenso proceso conocido como Maxiproceso de la Estafa Siniestra, el expresidente municipal de Atitalaquia se encuentra bajo investigación y ha sido vinculado a proceso por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública estatal.
Los hechos en cuestión se remontan al 14 de mayo de 2021, cuando el exalcalde gestionó recursos extraordinarios, por un total de 28 millones 3 mil pesos, ante la entonces Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo. Estos fondos fueron aprobados el 24 de junio de 2021.
La solicitud de recursos se justificó como una medida para paliar los impactos de la pandemia por la COVID-19. Posteriormente, el dinero se depositó en una cuenta bancaria vinculada al ayuntamiento de Atitalaquia, y este, a su vez, realizó 29 transferencias a la entidad conocida como TEAM XAO S.A. DE C.V. El 8 de julio de 2021, L. A. N. N. formalizó un contrato por adjudicación directa con la mencionada empresa en representación del Ayuntamiento.
Tras estas circunstancias, la fiscalía inició las investigaciones, basándose en pruebas recabadas por agentes del Ministerio Público vinculados a la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra. Estas pruebas llevaron a la probable responsabilidad de L. A. N. N. en los delitos de peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en detrimento de la administración pública estatal.
Posteriormente, se solicitó una orden de aprehensión, pero la persona imputada obtuvo protección judicial contra la misma. La audiencia inicial tuvo lugar el 18 de enero de 2024, donde el Ministerio Público formuló la imputación y, con base en las pruebas presentadas, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso.
Entre las medidas cautelares, el juez de control estableció la prohibición de acercarse a la presidencia municipal y a los testigos, la restricción de salir del estado y la separación del cargo. Se fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
