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Carlos Roberto García, exalcalde opositor de Mérida, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Cincinnati y ahora enfrenta un proceso de deportación a Venezuela, país del que huyó en 2017 tras ser acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de no frenar protestas antigubernamentales.
García, de 42 años, abandonó Venezuela luego de que el Tribunal Supremo ordenara su detención junto con otros alcaldes opositores en medio de la crisis política de 2017. Tras un periodo en Colombia, emigró a Estados Unidos, donde solicitó asilo en 2022 y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2024.
El pasado 23 de enero fue detenido durante una cita rutinaria con autoridades migratorias en Ohio. Desde entonces permanece recluido en la cárcel del condado de Butler, mientras sus abogados tramitan recursos de emergencia para frenar su expulsión.
Su familia teme que, de ser deportado, pueda enfrentar represalias políticas. Aunque recientemente Estados Unidos anunció la captura de Maduro, en Venezuela continúan operando estructuras de seguridad vinculadas al anterior gobierno, señalado por organismos internacionales por perseguir a disidentes.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que García ingresó de manera irregular al país en 2022, mientras que su defensa sostiene que no tiene antecedentes penales y ha cumplido con todos los requisitos de su proceso de asilo.
El caso ocurre en medio del endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que incluyen la revocación del TPS para cientos de miles de venezolanos, medida actualmente en litigio.
La situación de García refleja la incertidumbre que enfrentan miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos, especialmente quienes argumentan persecución política en su país de origen.
