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La justicia le cayó con todo a María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco de Becerra, quien fue sentenciada a 70 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel “N” y su chofer, en medio de una fuerte disputa por el control político del ayuntamiento.
La ahora sentenciada fue detenida el 22 de noviembre de 2024 como parte de la “Operación Enjambre”, un operativo que ha llevado a la captura de 60 exfuncionarios; con esta resolución, se convierte en la condenada número 11 dentro de ese caso de alto impacto.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se logró comprobar ante la Autoridad Judicial que la entonces presidenta municipal ordenó directamente los crímenes, ocurridos el 25 de enero de 2023, con el objetivo de mantener el control al interior de la administración municipal.
Además de la condena en prisión, el tribunal determinó que Martínez Robles deberá pagar una reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Tras ser vinculada a proceso una semana después de su captura, permanece recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Las investigaciones revelaron que las víctimas fueron enviadas a una zona considerada de alto riesgo, dominada por grupos criminales con presencia en la región, de donde nunca regresaron con vida. La FGJEM detalló que María Elena Martínez sostuvo una llamada telefónica con integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, a quienes solicitó cometer el homicidio del síndico.
El conflicto entre ambos funcionarios venía de tiempo atrás. En enero de 2022, la exalcaldesa y el síndico chocaron por el control del ayuntamiento, situación que escaló al punto de impedirle asumir funciones y que obligó a la intervención del gobierno estatal y del Poder Legislativo, tras su salida del partido Movimiento Ciudadano.
Durante las audiencias, también se expusieron presuntos vínculos tanto de la exalcaldesa como del síndico con líderes de la Familia Michoacana, con quienes mantenían comunicación, pagos de cuotas y permitían la imposición de funcionarios e incluso de policías ligados al crimen organizado.
Una de las carpetas de investigación señala que el 25 de enero de 2023, María Elena Martínez envió al síndico a una supuesta reunión en Zacazonapan, viaje del que ya no regresó. Un testigo clave aseguró haber escuchado una llamada telefónica en la que la exalcaldesa solicitaba asesinar a Miguel Ángel “N”, reforzando así las pruebas en su contra.
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