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El reciente atentado contra Donald Trump en un mitin político en Butler, Pensilvania, ha suscitado una serie de críticas hacia el Servicio Secreto de Estados Unidos, cuestionando su eficacia y capacidad de protección. La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, ha sido convocada para testificar ante el Congreso el próximo 22 de julio sobre los fallos de seguridad ocurridos durante este evento.
El incidente ha revelado la incapacidad del Servicio Secreto para detectar a un francotirador que se situó en un tejado a solo 150 metros del podio donde hablaba Trump. A pesar de que el evento era de conocimiento público desde semanas antes, los agentes no lograron inspeccionar adecuadamente el área, permitiendo que el atacante se posicionara sin ser detectado.
La situación ha desatado una ola de críticas en los medios y entre la opinión pública, subrayando la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad del Servicio Secreto. Este fallo se suma a otros errores cometidos en el pasado, incluyendo la eliminación de mensajes de texto clave enviados durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, lo cual ha obstaculizado las investigaciones sobre el papel de Trump y sus asesores en esos eventos.
El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha rechazado las acusaciones, alegando que los mensajes fueron borrados como parte de un programa de reemplazo de dispositivos planificado con anterioridad. Sin embargo, estas explicaciones no han mitigado las preocupaciones sobre la integridad y efectividad de la agencia.
En respuesta a estos incidentes, algunos sectores del Congreso y expertos en seguridad están pidiendo una revisión exhaustiva de las prácticas y procedimientos del Servicio Secreto para garantizar que errores similares no se repitan en el futuro.
