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El pasado viernes, Mauricio N. y Jonathan N., los presuntos infiltrados en la marcha del 8M en Pachuca, fueron vinculados a proceso por delitos graves como lesiones, sedición y ultrajes tras los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los manifestantes y la policía.
Sin embargo, la noticia no se detiene ahí. Ambos siguen en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, pero no todo es tan claro como parece. Familiares y activistas cuestionan las acusaciones y aseguran que hay irregularidades en el caso.
Durante la audiencia, los abogados de los acusados, Carlos Sabas y Daniel García Luna, subrayaron que no se ha comprobado que las víctimas tuvieran calidad de autoridad, lo cual es clave para que se les impute el cargo. Además, señalaron que las lesiones que los acusan de causar son leves y no justificarían su encarcelamiento preventivo.
En las afueras de los juzgados, los familiares y amigos de los detenidos no se quedaron callados, mostrando su desacuerdo y exigiendo justicia mientras seguían de cerca la audiencia.
Lo más controversial es que, aunque en un principio se les acusó de utilizar gasolina sobre las vallas de seguridad, este cargo ya fue eliminado del proceso. Los abogados de los detenidos ahora buscan que se les cambie la medida cautelar, para que enfrenten el juicio en libertad. Además, planean pedir una revisión a fondo de los videos presentados como evidencia.
Y no solo eso: el juez también ordenó al ministerio público abrir una investigación sobre el comportamiento de los policías involucrados, ya que los acusados también sufrieron lesiones durante su detención.
