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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señala que el apoyo unánime de los gobiernos estatales a la prisión preventiva oficiosa refleja el fracaso generalizado de la clase política en fortalecer las fiscalías, las verdaderas guardianas de la justicia. En un comunicado, la organización criticó la postura de los gobernadores, emitida a través de un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que eliminar esta medida tendría un grave impacto en la seguridad pública.
El debate se intensificó con la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que destacó la prisión preventiva como una forma de detención arbitraria, apoyando el argumento de diversas organizaciones internacionales en materia de derechos fundamentales.
Según el centro Pro Juárez, la prisión preventiva oficiosa socava varios principios fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la independencia judicial, entre otros. Además, contraviene el enfoque de derechos humanos en materia de seguridad pública y atenta contra el derecho a la libertad personal y la igualdad ante la ley.
El colectivo Pena Sin Culpa, que brinda apoyo a individuos en prisión preventiva por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), calificó de lamentable el desacato promovido por los gobernadores y exigió al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
