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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado luz verde a un anteproyecto de más de 10,000 millones de pesos destinados a los partidos políticos nacionales para las elecciones de 2024, marcando un aumento del 53.86% en comparación con los fondos asignados en 2018, un año electoral crucial en México.
En una sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión, el consejero Martín Faz Mora, destacó la importancia de administrar estas prerrogativas de manera transparente y legal, ya que no forman parte del patrimonio del INE, sino que permiten el ejercicio de fiscalización sobre los recursos públicos destinados a los partidos.
El financiamiento asignado para 2024 se distribuirá en 6,609 millones de pesos para actividades ordinarias de los partidos y 3,304 millones de pesos para sus gastos de campaña en el proceso electoral federal. Morena recibirá la mayor parte de estas prerrogativas, seguido por el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PRD y el Partido del Trabajo.
Este aumento en el financiamiento público plantea desafíos significativos para la fiscalización de estos recursos, ya que el INE enfrenta limitaciones de tiempo para rastrear y detectar posibles recursos ilícitos. Los expertos señalan que el INE debe cumplir con plazos ajustados establecidos por la ley electoral y enfrentar investigaciones complejas en casos de financiamiento ilegal, lo que lo coloca en una posición complicada.
El ingreso ilegal de recursos y el posible financiamiento de campañas con “dinero sucio” plantean desafíos adicionales, ya que rastrear estos fondos es una tarea casi imposible para el INE. Aunque se pueden supervisar aspectos como la publicidad y la propaganda de los partidos, el dinero público y privado ilegal sigue siendo un problema en la democracia.
En resumen, el aumento histórico en el financiamiento público para los partidos políticos en 2024 plantea desafíos significativos para el INE en términos de fiscalización, especialmente en lo que respecta al posible financiamiento ilegal de campañas y el seguimiento de fondos ilícitos.
