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El gobierno federal proyecta para 2026 ingresos históricos por 10.2 billones de pesos, según la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso. Esta cifra supera en 5.9% la inflación estimada, pero también refleja una fuerte dependencia del financiamiento, ya que 14.4% de esos recursos provendrán de deuda, una señal preocupante de presión fiscal acumulada durante los gobiernos de Morena.
Durante el primer año de Claudia Sheinbaum, los ingresos reales del país se redujeron 1.5%, lo que obligó inicialmente a plantear una consolidación fiscal. Sin embargo, el nuevo paquete económico abandona esa prudencia y retoma el endeudamiento para mantener programas sociales y obras emblemáticas, pese al estancamiento económico y el bajo crecimiento previsto: 0.50% del PIB para 2025, 1.4% en 2026 y apenas 1.8% para 2027.
La Ley de Ingresos se compone principalmente de tres fuentes: ingresos del gobierno federal (63.3%), recursos de organismos y empresas del Estado (22.3%) y financiamiento (14.4%). Este último rubro refleja el endeudamiento necesario para cubrir el gasto, una proporción que ha crecido significativamente desde 2021 y que contrasta con épocas previas, como entre 2004 y 2008, cuando el financiamiento representaba solo el 1.5% gracias a altos ingresos petroleros.
Actualmente, los ingresos petroleros representan apenas 12.8%, el nivel más bajo en décadas. Esto obliga al gobierno a depender principalmente de impuestos, que aportan 57.3% del total. El ISR se ha fortalecido por el aumento en la base de contribuyentes, que pasó de 71.8 a 86.9 millones entre 2018 y 2024, aunque en 2025 su crecimiento comenzó a estancarse, evidenciando límites en la capacidad del SAT para recaudar más.
Por otro lado, la recaudación del IVA se ve afectada por la desaceleración económica. Ante ese panorama, el gobierno apuesta por incrementar ingresos a través del IEPS, que grava combustibles, alcohol, tabaco, apuestas, telecomunicaciones, bebidas azucaradas y otros productos, trasladando así la carga fiscal directamente al consumo de la población.
El gasto previsto para 2026 revela la presión sobre las finanzas públicas. Solo los proyectos de infraestructura como trenes, carreteras, obras hidráulicas y apoyos a Pemex y CFE requieren 536 mil 806 millones de pesos. Al mismo tiempo, la pensión para adultos mayores absorberá más de 526 mil millones de pesos, y los programas sociales prioritarios sumarán cerca de un billón de pesos, lo que obliga al gobierno a seguir recurriendo a deuda para cumplir sus compromisos.
Aunque el discurso oficial presume ingresos récord, la realidad muestra un país con crecimiento mínimo, menor productividad, deuda creciente y una administración que, pese a prometer austeridad, continúa sosteniendo su gasto con recursos prestados.
