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La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, ha señalado a la jueza Nancy Juárez Salas por un posible delito de coalición de servidores públicos. Esta acusación surge luego de que la jueza emitiera una orden para retirar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que según Godoy, va en contra del artículo 216 del Código Penal Federal. Este artículo establece que los servidores públicos no pueden coaligarse para impedir la ejecución de una ley o suspender la administración pública.
Godoy calificó la resolución de la jueza, emitida el 16 de octubre de 2024, como un acto ilegal y desmedido. Argumentó que la jueza Juárez Salas invadió las atribuciones de otros poderes al interferir con una reforma constitucional que ya había sido aprobada por el Congreso. Según la consejera, el Poder Judicial carece de facultad para revisar reformas constitucionales, lo que convierte esta acción en una “aberración” y un “abuso” por parte de la jueza.
En su crítica, Godoy también mencionó que la Ley de Amparo es clara en que el amparo no procede contra reformas constitucionales, y enfatizó que Juárez Salas debió haber rechazado la demanda desde el inicio. La consejera no descartó que la jueza enfrente responsabilidades legales por sus acciones, señalando el artículo 263 de la Ley de Amparo como base.
La controversia ha generado tensiones dentro del Poder Judicial, especialmente con la reforma que impacta la elección de jueces y magistrados. Según Godoy, muchos de estos funcionarios están actuando en interés propio, afectando su imparcialidad al tomar decisiones que afectan su futuro profesional.
