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La empresa estatal responsable del Tren Interoceánico confirmó que no existe ningún informe registrado de mantenimiento o supervisión de la llamada Línea Z desde su inauguración en diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025. La revelación surge tras una solicitud de información pública, y contradice las promesas de seguridad y control técnico hechas por las autoridades.
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., el ente que opera la infraestructura, respondió que realizó una “búsqueda exhaustiva y minuciosa” en archivos físicos y electrónicos y no encontró ningún reporte de revisión de la vía o de acciones de mantenimiento en todo ese periodo. Con base en la Ley General de Transparencia, la empresa declaró la información como inexistente, negando así que existan bitácoras o registros formales de cuidado a la línea.
Este dato se desprende en un contexto crítico: la Línea Z fue escenario de un descarrilamiento en diciembre de 2025 que dejó al menos 14 muertos y decenas de heridos, un accidente trágico que puso en tela de juicio no solo la operación del tren, sino la supervisión técnica previa y posterior a su inauguración.
Las autoridades han guardado silencio sobre la falta de mantenimiento. La Secretaría de Marina, que coordina el proyecto, respondió a medios que no dispone de dichos registros porque no los tiene, y remitió a la empresa operadora y al corredor ferroviario, organismos con autonomía administrativa separados de su control directo.
Además, la información técnica de los vagones y los reportes relacionados con el descarrilamiento fueron reservados hasta 2031, bajo el argumento de que su divulgación podría poner en riesgo la “seguridad nacional” y fomentar sabotaje o actos ilícitos, mientras el servicio sigue suspendido.
Este caso se suma a otros cuestionamientos al manejo del proyecto, como auditorías que señalaron irregularidades y sobreprecios en contratos de obra y correcciones en la Línea Z, así como reportes de que los operadores y maquinistas no tenían licencias vigentes en el momento del accidente.
La ausencia de documentación de mantenimiento, en una infraestructura crítica presentada como moderna y segura, plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades federales para garantizar estándares básicos de operación y protección de usuarios, incluso después de un accidente con víctimas mortales.
