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En un nuevo episodio del enfrentamiento entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal, Grupo Salinas anunció que analiza presentar una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, por lo que califica como un “silencio administrativo doloso” y una negación de justicia en los casos fiscales que enfrenta.
El conglomerado aseguró que el organismo ha actuado con retraso deliberado en la resolución de sus procedimientos, lo que considera una violación a su derecho constitucional de obtener una respuesta pronta y apegada a la ley. Además, exigió que el SAT cuantifique con precisión los créditos fiscales y elimine lo que describe como cobros dobles y recargos excesivos.
En un comunicado difundido en redes sociales, el grupo empresarial lanzó severas críticas a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que acusó de ser ilegítima y estar conformada por ministros sometidos al poder político. Afirmó que los jueces están actuando bajo las órdenes del Ejecutivo y que buscan eliminar las garantías de los ciudadanos, entre ellas el amparo, instrumento clave para defenderse de los abusos del Estado.
Grupo Salinas denunció una “campaña sistemática” dirigida desde el Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes —según el texto— han presionado públicamente a la Corte mediante constantes menciones en conferencias matutinas. La empresa señaló que esta estrategia busca influir en las resoluciones judiciales que involucran a sus compañías.
El grupo advirtió que en los próximos días los ministros emitirán fallos sobre varios de sus casos y anticipó que lo harán siguiendo “guiones políticos” diseñados para validar lo que consideran extorsiones fiscales del SAT. Acusó al máximo tribunal de preparar resoluciones sin fundamento legal, únicamente para favorecer los intereses del gobierno federal.
De acuerdo con el posicionamiento, la inclusión de sus casos en la lista de la Corte durante la medianoche del viernes confirma, a su juicio, la falta de independencia judicial. El conglomerado sostuvo que esa maniobra demuestra que el Estado de Derecho ha sido anulado y que las decisiones judiciales se toman bajo presión política.
Finalmente, Grupo Salinas reiteró que continuará su defensa ante instancias nacionales e internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sostuvo que no cederá ante lo que considera cobros inconstitucionales y motivados por fines políticos.
