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Ricardo Salinas Pliego, empresario líder de Grupo Salinas, ha sido señalado por evitar el pago de 76.3 millones de pesos al SAT al simular la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Mazatlán. En lugar de beneficiar a 500 atletas locales como se anunció, los fondos se destinaron a construir tres canchas de entrenamiento para el Mazatlán FC, equipo de la Liga MX propiedad del empresario. Este desvío de recursos viola las reglas del programa Efideporte, diseñado para apoyar el deporte de alto rendimiento con exenciones fiscales, revelando un uso indebido de fondos públicos.
El caso expone cómo cinco empresas del conglomerado, entre ellas Afore Azteca y Seguros Azteca, utilizaron estímulos fiscales para desviar recursos hacia instalaciones privadas, en lugar de proyectos deportivos públicos. La obra se ejecutó en terrenos del gobierno de Sinaloa, contraviniendo la normativa del programa que prohíbe desviar los fondos de su propósito original. Ante esto, la Secretaría de Hacienda debería revocar los estímulos fiscales y exigir el pago correspondiente al SAT.
El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Efideporte, que incluye representantes de Conade, SAT y SHCP, había autorizado el proyecto con un presupuesto de 48.9 millones de pesos, aunque inicialmente se solicitó un estímulo de 76.3 millones. Curiosamente, las transferencias para la obra se realizaron después de la fecha oficial de inicio, lo que genera dudas sobre la transparencia del proyecto. La construcción se llevó a cabo con recursos supuestamente destinados al desarrollo deportivo, pero en la práctica solo benefició a la empresa y al equipo de fútbol de Salinas Pliego.
Las implicaciones de este caso ponen en evidencia las deficiencias en la supervisión del uso de estímulos fiscales en México y plantean preguntas sobre el verdadero compromiso de las grandes empresas con el desarrollo deportivo del país. Mientras tanto, se espera que las autoridades actúen para rectificar este abuso del sistema fiscal y asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente en beneficio del deporte nacional y los atletas mexicanos.
La trama también subraya cómo Grupo Salinas ha utilizado tácticas similares en el pasado para evitar obligaciones fiscales, lo que ha llevado a un escrutinio creciente sobre sus prácticas financieras y éticas. La comunidad deportiva y el público en general exigen mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de fondos públicos, especialmente cuando se trata de programas destinados a fomentar el bienestar y desarrollo de la sociedad.
Este nuevo escándalo fiscal llega en un momento crítico para el presidente AMLO y su gobierno, que han prometido combatir la corrupción y el uso indebido de recursos públicos. La falta de acción efectiva contra estas prácticas puede socavar la confianza en sus políticas de transparencia y rendición de cuentas.
