Grupo Salinas enfrenta una nueva presión legal tras el revés judicial que dejó sin efecto las medidas que protegían a Tv Azteca de pagar una deuda de 580 millones de dólares. Luego de que un tribunal federal en México revocara la protección otorgada por un juez civil y en Estados Unidos se solicitaran sanciones por desacato, el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego pidió abrir un canal de diálogo con sus acreedores para alcanzar un acuerdo.

En un comunicado, el grupo aseguró estar dispuesto a negociar un arreglo que beneficie a todas las partes y refleje la realidad del sector mediático actual. La solicitud surge después de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito anuló las medidas emitidas por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien había blindado a la televisora de las demandas de los bonistas.
Grupo Salinas calificó la resolución como contraria a derecho y sin relevancia en el fondo del caso, asegurando tener plena confianza en que, una vez analizados los argumentos de fondo, prevalecerá la interpretación jurídica que respalde su posición. Afirmó además que mantiene tanto la razón ética como legal en este proceso, que ha escalado en dos frentes: México y Estados Unidos.
En los tribunales norteamericanos, los fondos de inversión representados por The Bank of New York Mellon solicitaron sanciones por desacato contra Tv Azteca, sus 39 filiales y el propio Grupo Salinas, tras incumplir la orden del juez Paul G. Gardephe del 22 de septiembre, que obligaba a desistirse de los procesos iniciados en México. Incluso, se evalúa si Ricardo Salinas Pliego podría enfrentar sanciones personales como accionista mayoritario, similar a casos previos contra grandes corporaciones internacionales.
El conflicto legal se intensificó cuando Tv Azteca, mediante su defensa en el despacho Greenberg Traurig, admitió haber informado tardíamente a los juzgados mexicanos sobre la orden del tribunal estadounidense, haciéndolo 22 días después de la resolución original. A pesar de haber entregado la documentación traducida y certificada, la empresa no ha retirado formalmente sus demandas locales.
Mientras tanto, Grupo Salinas insiste en que las disputas legales no afectan la solidez de sus operaciones ni la viabilidad de sus negocios, aunque los litigios simultáneos en dos países amenazan con prolongar un proceso que ya ha deteriorado la relación con sus acreedores. Con la presión de los fondos internacionales y el escrutinio judicial en aumento, el conglomerado enfrenta uno de los desafíos financieros y reputacionales más complejos de los últimos años.
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