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La Secretaría de Hacienda reportó que las transferencias a estados y municipios alcanzaron los 2.697 billones de pesos en 2025, cifra récord por segundo año consecutivo. Las participaciones federales crecieron 3.8 por ciento real, lo que permitió compensar caídas en otros rubros.
Pero detrás de la cifra dorada se esconde un panorama menos halagador. Las aportaciones bajaron 1.6 por ciento, el Ramo 23 cayó 3 por ciento, los convenios de descentralización se redujeron 5.5 por ciento, y las reasignaciones se desplomaron un demoledor 99.2 por ciento. No todos los estados ganaron por igual: Veracruz, Coahuila y Quintana Roo obtuvieron más recursos, mientras Nayarit, Hidalgo y Tabasco perdieron terreno.
Para 2026, el presupuesto contempla 2.811 billones, un incremento nominal de 3 por ciento que en términos reales apenas alcanza 0.7 por ciento sobre lo observado. Organizaciones como México Evalúa y el CIEP advierten sobre los retos que enfrentan los estados en la generación de ingresos propios y la reorientación del gasto.
El gobierno de Sheinbaum presume los números como victoria, pero el récord en transferencias revela un centralismo asfixiante que debilita la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones autónomas. Los estados se convierten en simples distribuidores de lo que Palacio Nacional decide enviarles.
La dependencia financiera de las entidades respecto del gobierno federal sigue creciendo, alimentando un modelo que premia la lealtad política por encima del desarrollo descentralizado. El federalismo fiscal agoniza bajo un esquema que concentra poder y recursos en manos del gobierno central.
