El panorama está muy complicado para la industria del gas LP en México. Mientras los llamados huachigaseros siguen robando combustible a lo loco, las tarifas de distribución están tan mal ajustadas que ya se están perdiendo empleos por montones: al menos 200 mil chambas formales están en la cuerda floja.

Y es que este negocio no es cualquier cosa. Se atiende a más de 100 millones de personas en el país y México está entre los diez países con mayor consumo de gas LP a nivel mundial. Pero a diferencia de la gasolina, que la gente va a cargar a la estación, el gas LP tiene que llegar directo hasta tu casa o empresa, y eso implica todo un operativo enorme.
👉 Solo para que te des una idea: hay más de 32 mil vehículos que recorren mensualmente 60 millones de kilómetros, con choferes y ayudantes que saben manejar el gas como se debe, y eso incluye desde revisar mangueras y válvulas, hasta mantener los tanques y autotanques bien afinaditos. Todo eso cuesta un buen billete, pero las tarifas actuales no alcanzan ni para lo básico.
El problema es que la tarifa de distribución –que define la Comisión Nacional de Energía y la Secretaría de Energía– lleva más de medio año sin ajustarse y está por debajo del punto donde la industria puede cubrir sus gastos. Y no se trata solo del pago de nómina, también está en juego la inversión en infraestructura para seguir operando con seguridad.
Esto ya tiene consecuencias graves: solo en febrero se reportaron miles de despidos en el sector, y eso representa a miles de familias que ahora se quedaron sin ingreso ni seguridad social. El golpe al consumo también se siente, porque muchas personas ya no tienen recursos ni para comprar gas legal.
Pero eso no es todo. Aparte del tema tarifario, la industria se enfrenta a la amenaza cada vez más fuerte del robo de gas, ese que sale de las tomas clandestinas en ductos de Pemex. Los grupos criminales ofrecen precios tan bajos que las empresas formales no pueden competir, y están perdiendo territorio frente a estos grupos.
Estos delincuentes no solo le dan en la torre al negocio, también están generando un ambiente de peligro e ilegalidad, con extorsiones, amenazas, secuestros, robo de unidades, rutas tomadas por el crimen organizado y hasta clonación de camiones repartidores. El daño económico asciende a unos 20 mil millones de pesos al año por esta actividad ilegal.
Desde el gremio gasero lanzaron una advertencia clara: urge que el gobierno intervenga, actualice tarifas y ponga orden. Porque esto no solo es una cuestión económica, también se trata de proteger a los trabajadores y a millones de consumidores.