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Las autoridades han identificado a Patricia Rodríguez Flores y Jorge Portilla Alba como los abogados responsables de asesorar a ejidatarios en Puebla, quienes han cerrado importantes vías en demanda del pago por sus tierras. Los litigantes han sido señalados por su participación en estos bloqueos que afectan autopistas clave, tras la expropiación de tierras sin una compensación justa.
Jorge Portilla, mencionado previamente por el presidente López Obrador, fue acusado de intentar aprovecharse del conflicto. El abogado, junto a su esposa, lleva años defendiendo causas ambientales en la región del Izta-Popo, pero ahora están en el centro de una controversia mayor.
Los cierres carreteros han afectado autopistas que conectan Puebla con varios estados, incluyendo la Ciudad de México. Portilla y Rodríguez Flores han criticado las negociaciones realizadas hace una década por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ofrecieron precios muy por debajo del valor comercial de los terrenos expropiados. Ante la falta de diálogo por parte del gobierno, los campesinos han intensificado sus acciones, incluyendo estos bloqueos.
La pareja de abogados ha estado vinculada a varios movimientos sociales y ambientales en la región, y su activismo los ha llevado a ser figuras prominentes en la defensa de derechos de comunidades rurales. Sin embargo, su implicación en los cierres de autopistas ha generado un debate sobre las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones legales.
Las tensiones continúan, y no se vislumbra una pronta solución al conflicto, lo que mantiene en vilo a miles de usuarios afectados por estos bloqueos.
