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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplaudió la demanda de acción colectiva interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana. Estas empresas, señala el IMSS, participaron durante una década en prácticas de manipulación de precios y restricciones en el suministro de medicamentos, afectando gravemente a la población.
Según el IMSS, este tipo de acuerdos entre empresas no solo elevó artificialmente los precios, sino que les permitió mantener contratos multimillonarios en el sector salud, afectando directamente al bolsillo de la población. Desde 2016, el IMSS había presentado una denuncia ante Cofece para que se investigaran estas prácticas anticompetitivas, demandando una actuación firme para proteger la competencia en el sector y evitar abusos que dañaran los recursos públicos.
Desde junio de 2023, el IMSS ha sostenido una relación constante con Cofece bajo la dirección de su presidenta Andrea Marván Saltiel, acordando cuatro líneas de acción clave. Estas incluyen el intercambio de información de mercado, la vigilancia de procedimientos de contratación para evitar prácticas anticompetitivas, y el fortalecimiento de mecanismos que identifiquen y sancionen a agentes económicos que infrinjan la Ley Federal de Competencia Económica.
En el área de Servicios Médicos Integrales, el IMSS ha proporcionado a Cofece información clave sobre posibles actos de colusión en contratos de Tamiz Metabólico Neonatal, Laboratorio Clínico y Banco de Sangre. Estas acciones buscan robustecer el análisis de Cofece y evitar que proveedores continúen operando mediante prácticas de colusión.
Finalmente, el IMSS reiteró su compromiso con la transparencia y la política de cero tolerancia hacia cualquier práctica que comprometa el uso responsable de los recursos públicos. El instituto subrayó que no cederá ante las presiones de empresas cuyos intereses se han visto afectados por sus prácticas anticompetitivas, asegurando su prioridad de proteger la salud y el patrimonio de la población.
