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Incremento de #Violencia Contra Agentes de la #FGR en los Últimos 11 Años

En el transcurso de los últimos 11 años, se ha registrado un preocupante aumento en los casos de homicidios contra agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), con un total de 30 funcionarios asesinados en diversas entidades del país, destacando Guerrero, Guanajuato y Michoacán como los estados más afectados.

La mayoría de estos crímenes se materializaron durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, con un total de 16 casos, mientras que en la administración actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se contabilizan 14 homicidios.

Con base en una solicitud de información tramitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la FGR reveló que únicamente tres de los casos han avanzado a etapa judicial, lo que indica que el 90 por ciento de los homicidios permanecen impunes.

El año 2021 se erige como el más letal para la institución, con un registro de seis agentes asesinados, de acuerdo con datos recopilados desde diciembre de 2012 hasta el mismo mes de 2023.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los municipios más afectados son Chilpancingo y Acapulco en Guerrero, Celaya en Guanajuato, y Torreón en Coahuila, sumando un total de 12 homicidios.

La mayoría de los crímenes apunta hacia agentes de investigación y ministerios públicos federales destacados en las distintas delegaciones de la dependencia a lo largo del país.

Se han registrado, además, tres homicidios de comandantes, uno en Veracruz y otro en San Luis Potosí, así como el asesinato del delegado de la institución en Guerrero el pasado 12 de septiembre.

En un incidente más reciente, el 5 de diciembre en San Luis Potosí, dos agentes de la FGR fueron atacados por individuos armados mientras patrullaban la capital del estado. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el otro resultó gravemente herido. Este incidente representa el segundo caso en los últimos tres años en la entidad.

El incremento en los homicidios de agentes de la Fiscalía entre 2021 y 2022 se atribuye al cambio de la política de “abrazos, no balazos” implementada por López Obrador al inicio de su mandato, según señaló el analista en seguridad pública, David Saucedo.

Esta estrategia, caracterizada por una especie de tregua con grupos criminales, ha experimentado una modificación debido a la presión internacional, llevando a la FGR a intensificar sus labores de investigación para la captura de criminales de alto perfil y el decomiso de drogas.

En palabras del experto, la falta de presupuesto en algunas delegaciones de la FGR en estados con elevados índices delictivos, como Guanajuato, Michoacán y Guerrero, se traduce en una insuficiencia en las labores de investigación.

Para el próximo año, la FGR, dirigida por Alejandro Gertz Manero, recibirá un presupuesto de 19 mil millones de pesos, en comparación con los 259 mil millones de pesos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional y los 71 mil millones de pesos destinados a la Marina, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, el 58 por ciento de la población percibe a la FGR como corrupta. De más de dos millones de carpetas de investigación iniciadas en 2022, solo el cuatro por ciento llegó a los juzgados, según el censo sobre Procuración e Impartición de Justicia del Inegi 2022.

Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena y secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, reconoció en entrevista con este medio que los homicidios de agentes de la FGR afectan directamente el desempeño de los funcionarios de la dependencia.

El legislador enfatizó la necesidad de garantizar la protección y seguridad de los funcionarios de la FGR, con el propósito de que puedan cumplir efectivamente con sus responsabilidades contra la delincuencia. Además, hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre la Federación y los estados, así como en la inversión en las dependencias de seguridad y justicia para prevenir este tipo de delitos de alto impacto e impunidad, utilizando como referencia el exitoso modelo implementado en la Ciudad de México.

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