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El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en un escenario complicado ante el recorte presupuestal de miles de millones de pesos para la organización de las elecciones judiciales y la probabilidad de que no se otorgue la prórroga de 90 días solicitada para los comicios. En respuesta, el instituto explora estrategias para reducir costos sin comprometer los procesos democráticos.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei confirmó que Claudia Suárez, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, presentó su renuncia la semana pasada. Durante una conferencia de prensa, Taddei señaló que el INE está evaluando todas las áreas y aplicando “creatividad” para optimizar recursos. Una de las propuestas incluye utilizar papel convencional para las boletas en lugar del tradicional papel de seguridad, como medida para disminuir los gastos.
Taddei también desmintió haber asegurado al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que el INE estaría listo para realizar las elecciones el 1 de junio de 2025, calificando ese escenario como complicado debido a los ajustes presupuestales. La funcionaria subrayó que el presupuesto solicitado por el INE, estimado en 13 mil millones de pesos, se fundamenta en la experiencia técnica acumulada por el instituto y no es arbitrario.
En cuanto a las posibles soluciones, Taddei mencionó que no se cuenta con un plan alternativo definitivo, pero se están considerando diferentes escenarios. Entre las opciones destaca la posibilidad de sustituir casillas tradicionales por centros de votación, en caso de que los recursos no permitan la instalación de las 172 mil casillas necesarias.
Este jueves, el Consejo General del INE aprobó el Plan Integral de Calendario del Proceso Electoral Extraordinario, así como diversas disposiciones para regular el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Estas medidas buscan garantizar que, a pesar de las limitaciones económicas, el instituto pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales.
La situación evidencia los retos que enfrenta el INE en un contexto de restricciones presupuestales y decisiones políticas que afectan su autonomía. La capacidad del instituto para organizar procesos electorales confiables dependerá en gran medida de cómo logre adaptarse a estas condiciones adversas, mientras persisten las tensiones entre la autoridad electoral y los poderes del Estado.
