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El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta serias dificultades logísticas y financieras para organizar las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, advirtió la consejera Claudia Zavala en una entrevista para Imagen Radio. Según Zavala, la institución se encuentra en una situación crítica, debido al tiempo limitado y los recursos insuficientes para cumplir con las exigencias de este proceso.
La reforma judicial asigna al INE la tarea de implementar un modelo operativo completamente nuevo, muy diferente a los comicios tradicionales. A esto se suman los numerosos juicios de amparo y suspensiones que han generado retrasos significativos en la planificación. Ante esta situación, el INE solicitó una prórroga de al menos 90 días para evitar riesgos en la organización del proceso electoral.
Otro desafío clave señalado por Zavala es la necesidad de que los congresos estatales ajusten sus legislaciones locales a la reforma judicial. Sin estos cambios, la operación electoral enfrenta incertidumbre, ya que los marcos legales no estarán completamente alineados. Este proceso podría concretarse hasta finales de este año o principios del próximo, dejando al INE en una carrera contrarreloj para cumplir con los plazos establecidos.
El presupuesto es otro obstáculo crítico. Zavala explicó que el INE necesita invertir en tecnología, sistemas nuevos y materiales específicos para este tipo de elección, ya que no se cuenta con estos recursos debido a la novedad del proceso. Además, en diciembre, el instituto comenzará a instalar los consejos en cada estado y en los 300 distritos electorales, lo que requerirá un gasto significativo que aún no está asegurado.
La consejera también advirtió que la falta de recursos podría comprometer un principio fundamental de las elecciones: acercar las casillas a los domicilios de los votantes. Este elemento, vital para garantizar la participación ciudadana, podría verse afectado si los diputados no asignan un presupuesto adecuado. Zavala insistió en que la calidad de las elecciones organizadas por el INE no debe ponerse en riesgo, especialmente bajo el pretexto de restricciones económicas.
El escenario actual pone en evidencia las dificultades que enfrenta el INE para llevar a cabo un proceso electoral complejo y sin precedentes, mientras intenta mantener su estándar de calidad y credibilidad. La combinación de desafíos legales, operativos y financieros amenaza con desestabilizar un ejercicio que debería ser un pilar de la democracia en México.
