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Los recientes criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar la sobrerrepresentación en la integración del Congreso han generado un intenso debate. Según el análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), estas instituciones han implementado medidas que buscan garantizar una representación más equitativa de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, estos criterios han sido cuestionados por diversas figuras políticas y expertos, quienes argumentan que, aunque se pretende evitar una sobrerrepresentación excesiva, en la práctica, se sigue favoreciendo a la coalición gobernante, liderada por Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la actual distribución de curules, señalando que está dentro de los límites establecidos por la Constitución, mientras que sus detractores afirman que la interpretación de estas normas sigue siendo favorable a Morena y sus aliados.
El artículo 54 de la Constitución establece que ningún partido puede tener una representación que exceda en ocho puntos porcentuales su porcentaje de votación nacional, pero la polémica surge en torno a si este límite aplica a coaliciones de partidos. Mientras que algunos expertos y exconsejeros del INE argumentan que la ley debería aplicar también a coaliciones, el gobierno sostiene lo contrario, afirmando que el techo de sobrerrepresentación solo se refiere a partidos individuales.
Este tema ha adquirido especial relevancia en el contexto de las reformas constitucionales que el gobierno de López Obrador busca impulsar, para lo cual necesita una mayoría calificada en el Congreso. El debate sobre la sobrerrepresentación no es solo un asunto técnico, sino que tiene profundas implicaciones políticas, ya que podría definir el futuro de importantes reformas en México.
