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Carlos Martínez Velázquez, el director general del Infonavit, dejó claro que el organismo está en óptimas condiciones y no requiere más reformas o cambios en sus estatutos. Según Martínez, el Infonavit ha alcanzado una estabilidad financiera robusta durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no hay necesidad de realizar ajustes adicionales.
En una reciente conferencia de prensa, Martínez destacó que los cambios implementados han traído un control efectivo y que actualmente el organismo cuenta con los recursos necesarios para continuar operando sin inconvenientes. “Todo lo que hicimos tiene su control y supervisión. Con los ingresos actuales, no hay necesidad de tocar nada.”
Martínez recordó que al inicio del mandato de López Obrador, el Infonavit era una institución “pequeña” y plagada de malas prácticas, como la construcción de viviendas en zonas poco planificadas, que quedaron en el abandono. Durante su administración, se enfocaron en saneamiento de carteras, finalización de créditos existentes, y mejoramiento en la cobranza patronal. También se diseñaron nuevos productos y esquemas de financiamiento para mejorar el servicio.
Los resultados son evidentes: para finales de agosto de 2024, la colocación de créditos alcanzó un récord desde 2015, con un total de 368,865 hipotecas. Este logro se atribuye a una menor burocracia, la eliminación de cuotas administrativas y una reducción en las tasas de interés.
Martínez enfatizó que el Infonavit ha evolucionado considerablemente: “Recibimos un instituto pequeño, pero ahora está mucho más fortalecido y con costos operativos reducidos.” De cara al próximo gobierno federal, el Infonavit ha colaborado con gobiernos estatales para identificar lugares adecuados para nuevas viviendas, en apoyo a los planes de desarrollo social de la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Además, Martínez mencionó que se está preparando un inventario en caso de que se apruebe la reforma a la Ley del Infonavit propuesta por López Obrador, que permitiría a los trabajadores alquilar una vivienda y comprarla después de 10 años. El objetivo es ofrecer un modelo de vivienda social que permita a los mexicanos vivir en zonas céntricas, con buenos servicios y a bajo costo.
