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En medio de tensiones políticas en Guatemala, la Fiscalía desató un nuevo capítulo al exigir la invalidación de las recientes elecciones y solicitar el retiro de la inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo. Alegan irregularidades administrativas que involucran al líder progresista. Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como Arévalo defienden la legitimidad de los comicios.
Arévalo, quien asumirá la presidencia en enero, denunció un supuesto golpe de Estado ridículo y perverso. Afirmó que, a pesar de los intentos de invalidación, los resultados son definitivos. Hizo un llamado a las cortes a defender la democracia y detener las acciones ilegales del grupo de golpistas en la Fiscalía.
La fiscal Leonor Morales alegó irregularidades en las actas finales de escrutinio, declarándolas nulas. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, acusó a Arévalo de ilegalidades en la formación de su partido y presentará pruebas. Sumando tres solicitudes de retiro de inmunidad, también lo señaló por lavado de dinero.
La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, defendió la validez de los comicios, indicando que los resultados son oficiales e inalterables. Cuestionó la autoridad de la Fiscalía para anular elecciones sin una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. La OEA condenó las acciones fiscales, calificándolas como un intento de golpe de Estado.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció afirmando que Guatemala enfrenta un golpe de Estado y llamó a la OEA a intervenir de inmediato.
