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Autoridades electorales se encuentran realizando una investigación para determinar si Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, incurrió en actos anticipados de campaña durante su tiempo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Esto surge a raíz de una denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 14 de septiembre de 2022, después de que un reportaje de Latinus revelara cómo la administración capitalina contrató a tres empresas para promover mensajes a favor de Sheinbaum y en contra de otros aspirantes de Morena.
Inicialmente, una sala especializada del Tribunal Electoral había determinado que no existían infracciones, pero esta decisión fue impugnada por el PRD. En consecuencia, el 8 de marzo del año pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia que ordenó a la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) revisar el expediente de la denuncia y convocar a todas las partes involucradas.
Los magistrados de la Sala Superior señalaron que se vulneró el principio de exhaustividad al no analizar detalladamente las publicaciones objeto de la queja, especialmente considerando la posibilidad de una campaña publicitaria pagada con recursos gubernamentales de la Ciudad de México. Además, no se realizó el emplazamiento correspondiente a las partes involucradas.
Las publicaciones en cuestión fueron realizadas por las empresas Comadreja Consultores, Cacomixtle Medios Digitales y Publius Estrategia, las cuales habrían infringido la ley que prohíbe los actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos. Estas compañías fueron contratadas por el gobierno de la Ciudad de México para gestionar contenidos en internet y redes sociales.
Las cuentas de redes sociales Guruchuirer y Zocalo Virtual, así como el sitio web Noticias ZMG, estaban bajo el control de estas empresas y se utilizaron para publicar contenidos en apoyo a Sheinbaum y en contra de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal e incluso el INE.
La denuncia del PRD se originó después de que Latinus revelara en Loret Capítulo 93 que dos secretarías del gobierno de la Ciudad de México otorgaron contratos a las mencionadas empresas.
En total, estas compañías recibieron hasta 46 millones de pesos en al menos 13 contratos mediante adjudicaciones directas y dos invitaciones a cuando menos tres personas, en donde en al menos dos procesos se simuló la competencia.
En febrero de 2023, Cacomixtle Medios Digitales obtuvo un nuevo contrato con el gobierno capitalino por 2.6 millones de pesos para ofrecer servicios de creación y difusión en medios de comunicación masiva, desde el 17 de febrero hasta el 31 de diciembre.
