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El presidente José Jerí retrocedió públicamente luego de desatar una fuerte polémica internacional al insinuar que su Gobierno podría ingresar por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en esa sede diplomática. A pesar de haber declarado en una entrevista con El Comercio que no dudaría en ejecutar la medida, el mandatario terminó alineándose con la Cancillería, que desde un inicio descartó cualquier intervención.
Horas después de su declaración inicial, Jerí publicó un breve mensaje en X en el que buscó moderar el impacto de sus palabras y respaldó la posición de su ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela. Afirmó que siempre consulta con su equipo y resaltó la experiencia del canciller, intentando mostrar cohesión en un momento en el que sus declaraciones habían generado tensiones adicionales entre México y Perú.
El canciller Hugo de Zela ya había sido categórico con CNN al afirmar que la irrupción no estaba en consideración bajo ninguna circunstancia. Recordó que episodios como la intervención del presidente Noboa en la embajada mexicana en Quito no serían replicados en Perú, pues se trata de acciones que violan normas internacionales y comprometen la estabilidad diplomática. El mensaje de Jerí, por lo tanto, representa un reconocimiento tácito de que su postura inicial fue imprudente.
La Cancillería peruana también explicó que su estrategia se centra en el ámbito multilateral, particularmente en la Organización de los Estados Americanos, donde busca impulsar una revisión del régimen de asilo diplomático. De Zela sostuvo que México habría vulnerado el procedimiento al no solicitar información judicial a Perú antes de otorgar protección a Betssy Chávez, un punto que el Gobierno peruano mantiene como eje de su reclamo.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, coincidió en rechazar cualquier acción de fuerza contra la misión diplomática mexicana. Recordó que Perú respeta el derecho internacional y no contemplará medidas que comprometan la inmunidad de una embajada, incluso con los cambios recientes en la situación jurídica de la exministra, quien continúa bajo resguardo en la sede. Reiteró además que cualquier eventual salida de Chávez del país requerirá una orden explícita de la Cancillería, descartando decisiones improvisadas.
Con esta serie de rectificaciones, el Gobierno peruano intenta recomponer la imagen afectada por las declaraciones iniciales de Jerí, que generaron inquietud dentro y fuera del país. La tensión persiste mientras la diplomacia peruana busca encauzar el conflicto hacia los mecanismos formales, en un escenario donde cada palabra del presidente ha demostrado tener consecuencias internacionales inmediatas.
