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El descontento juvenil en Perú está encendiendo las calles desde el 20 de septiembre, y su punto más álgido se vivió el 28 de septiembre frente al #Congreso en #Lima. La llamada #GeneraciónZ —chavitos y chavas nacidos entre 1997 y 2012— salió a gritarle al gobierno lo que ya no están dispuestos a tolerar: corrupción, crimen organizado y la pasividad de las autoridades.
La chispa que encendió todo fue el rechazo a cambios en el sistema de pensiones, pero rápidamente las marchas se transformaron en un altavoz contra la inseguridad y las leyes polémicas que impulsa el Congreso. En medio de pancartas y banderas nacionales, también ondea un símbolo inesperado: la calavera con sombrero de paja de One Piece, que ya se ha visto en protestas de países como Nepal, Indonesia y Paraguay. Para muchos jóvenes, ese ícono del anime representa lucha contra las injusticias y un grito global contra la corrupción.
“Nos cansamos de los abusos y atropellos del gobierno”, dice Andrés, estudiante de 18 años, mientras que José, de 26, asegura que incluso adolescentes que aún no terminan la secundaria ya se unieron a las marchas.
El panorama no es nada sencillo. Transportistas, comerciantes y ciudadanos comunes sufren la presión de mafias y extorsionadores. El 4 de octubre, tras el asesinato de un chofer, se declaró un “apagón de motores” en Lima. Más de 40 conductores han sido asesinados en 2025, según datos de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU). “Vivir del transporte en Perú es jugarse la vida”, denuncian los choferes.
En medio de todo esto, la presidenta Dina Boluarte tiene un 93 % de desaprobación según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, pero insiste en que no va a renunciar. Incluso ha acusado a los jóvenes de la Generación Z de “anarquistas” y de causar destrozos. Sin embargo, las nuevas generaciones le responden que no pararán hasta lograr un cambio real.
La represión ha estado fuerte. Más de 40 heridos se reportaron en solo una semana, y las denuncias por uso excesivo de gases lacrimógenos, golpizas e incluso posibles disparos de perdigones siguen aumentando. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el IPYS han documentado agresiones contra manifestantes, periodistas y brigadas de salud.
La situación recuerda las protestas de 2022 y 2023, cuando la represión dejó 49 muertos y más de 900 heridos. De hecho, la presidenta todavía enfrenta un pedido de investigación en la Corte Penal Internacional.
Pero más allá de la violencia, lo que está en juego es el futuro político. En abril de 2026 habrá elecciones y la Generación Z representa casi 30 % del electorado. “El gran reto es que estos jóvenes no solo marchen, sino que también voten”, explica el analista Hernán Chaparro.
Mientras tanto, los chicos y chicas siguen firmes: “Queremos un país sin corrupción, sin miedo y con justicia”, insisten los voceros. Y aunque el gobierno los tache de revoltosos, ellos parecen tener claro que no bajarán la guardia 💪.
