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En una decisión crucial, el juez federal Dana Sabraw bloqueó la separación de familias de migrantes en la frontera de Estados Unidos con fines disuasorios durante los próximos ocho años. Esta medida previene la reinstauración de una política implementada durante el mandato de Donald Trump y que aún podría ser considerada si regresa a la Casa Blanca. Sabraw aprobó provisionalmente un acuerdo entre el Departamento de Justicia y familias migrantes, despejando el camino para poner fin a un proceso que ha durado casi siete años.
El juez, designado por el expresidente George W. Bush, ya había ordenado el fin de las separaciones familiares en junio de 2018, apenas seis días después de que Trump suspendiera la política de forma unilateral debido a la intensa condena internacional. Bajo el nuevo acuerdo, políticas similares a la de “tolerancia cero”, que resultaron en la separación de más de 5,000 niños de sus padres, estarán prohibidas hasta diciembre de 2031.
En otro giro, el gobierno estadounidense anunció el cierre, a partir de hoy, del paso peatonal internacional El Chaparral, que conecta con Tijuana, Baja California. Este cierre tiene como objetivo redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza a lidiar con la entrada ilegal de miles de personas al país. Este cierre afectará las operaciones desde las 6 de la mañana en el cruce peatonal Oeste en San Ysidro, conocido como El Chaparral.
Simultáneamente, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, hizo un llamado urgente al gobierno de Estados Unidos para que aborde la crisis humanitaria en la frontera de Sonora con Arizona. Hobbs solicitó la reapertura de la garita de Lukeville, cerrada desde el 4 de diciembre, y pidió el envío de miembros de la Guardia Nacional para apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La situación en la frontera sur sigue siendo un desafío crítico que requiere respuestas coordinadas y eficaces por parte de las autoridades estadounidenses.
