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El 16 de julio de 2024, el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez presentó una demanda de amparo luego de que un juez de control en Xalapa, Veracruz, emitiera una orden de arresto en su contra por fraude procesal y falsificación de documentos. La orden fue detenida por un juez federal, quien le concedió una suspensión provisional, imponiendo una garantía de 10 mil 500 pesos para evitar la captura.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz acusa a Yunes Márquez de usar documentos falsos y de fraude al intentar registrarse como candidato a la alcaldía de Veracruz en 2021. La orden de aprehensión se emitió después de que Yunes no asistiera a una audiencia inicial, alegando estar bajo tratamiento médico en Florida.
La suspensión otorgada no será válida si Yunes Márquez es sorprendido en delito flagrante o si la orden proviene de otra autoridad. La situación legal del senador electo ha generado controversia, resaltando el conflicto entre las autoridades judiciales y políticas en Veracruz.
Este caso subraya las tensiones y desafíos legales que enfrentan los políticos en México, en medio de un ambiente de creciente escrutinio y demandas por transparencia y justicia. La decisión del juez de frenar la captura de Yunes Márquez se suma a una serie de eventos legales que continúan desarrollándose en el ámbito político mexicano.
