amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
Un juez federal en Texas ha emitido una orden para que el gobierno estatal retire una barrera de boyas colocada en el río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, antes del 15 de septiembre.
El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, determinó en su fallo que esta barrera de 300 metros de longitud constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del río y reprendió al gobierno estatal, de tendencia republicana, por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla.
El juez señaló que la conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el río y sus alrededores.
Además, el fallo prohíbe a Texas volver a instalar boyas o cualquier tipo de estructura sobre el río, lo que representa una victoria para el Gobierno de Joe Biden, que presentó la demanda inicial en el tribunal en contra de la barrera flotante.
Durante el juicio, el gobierno de Texas defendió la instalación de las boyas, acusando a la Administración demócrata de no proteger adecuadamente la frontera sur y justificando así su toma de medidas independientes para “defenderse”.
Sin embargo, el juez Ezra rechazó este argumento, destacando que sería “impactante” otorgar al gobernador de Texas más poder del que tiene el presidente de EE. UU.
El juez también determinó que el gobierno estatal no presentó evidencia creíble de que la barrera de boyas haya reducido significativamente la migración irregular a través del río y que, además, representa una amenaza para la vida de las personas que intentan cruzar la frontera.
A principios de agosto, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadáveres de migrantes flotando cerca de las boyas en el río.
La controvertida barrera es parte de la “Operación Estrella Solitaria”, una campaña lanzada por el gobierno de Greg Abbott en Texas para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas de Biden. Esta campaña también ha estado detrás de otras medidas polémicas, como el envío de autobuses con migrantes a ciudades gobernadas por demócratas y la instalación de alambre de púas en la frontera con México.
El Gobierno de México había pedido en varias ocasiones a EE. UU. que retirara la barrera, argumentando que la mayoría de las boyas se encontraban en su territorio. La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, respaldó esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal, que concluyó que la mayoría de las boyas estaban en el lado mexicano de la frontera.
