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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) hizo un llamado urgente para suspender las elecciones judiciales programadas para junio, debido a los riesgos graves que conlleva este proceso.
La asociación alertó a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional sobre las graves inconsistencias de la reforma judicial que está detrás de esta elección. Según la Jufed, esta reforma no democratiza al Poder Judicial como se pretende, sino que pone en peligro su independencia al permitir la injerencia política. Además, advirtió que vulnera los derechos humanos y compromete la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial de la República.
Un aspecto crucial señalado por la Jufed es que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido públicamente que enfrenta serios desafíos logísticos por el recorte del 52% al presupuesto, lo que limita sus capacidades. Este ajuste, según la Jufed, ha obligado al INE a reducir el número de casillas en un 43% y a operar con menos de la mitad del personal necesario para garantizar una elección segura, confiable y transparente.
Además, la falta de una revisión adecuada del padrón electoral y la reducción de recursos materiales ponen en peligro la invulnerabilidad del voto. La Jufed considera que esta situación demuestra la imposibilidad de llevar a cabo un proceso limpio y resalta que no existe un respaldo social para esta reforma, contrario a lo que el gobierno quiere hacer creer.
Los problemas no terminan ahí. La Jufed alertó sobre el riesgo de irregularidades como el acarreo de votantes, compra de votos y manipulación de los porcentajes de votación entre los diferentes cargos a elegir. Además, el sistema de votación es complejo: los electores tendrán que lidiar con hasta seis boletas diferentes, algunas con hasta 60 candidatos por cargo, lo que podría generar confusión y fomentar un voto mal informado.
Incluso los propios consejeros del INE han admitido que la participación ciudadana podría ser histórica, pero en negativo, cayendo por debajo del 10% del padrón. Esto demuestra que la reforma no tiene un verdadero interés popular, sino que parece ser un intento de concentrar más poder político.
Otro punto crítico es el diseño de la elección, que podría comprometer la imparcialidad judicial al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, lo que claramente favorece a aquellos cercanos al partido en el poder. Según la Jufed, esto amenaza la imparcialidad y la capacidad de los juzgadores de actuar con criterios objetivos.
La Jufed también señaló que las suspensiones judiciales contra esta reforma han sido ignoradas, lo que es una violación flagrante del orden jurídico. Este desacato podría llevar a los funcionarios del INE a enfrentar responsabilidades administrativas y penales. Incluso, advirtieron que los ciudadanos que participen como funcionarios de casillas podrían ser inculpados si se convierten en instrumentos de una reforma que ha sido suspendida.
Finalmente, la asociación recordó que mantendrá su lucha tanto a nivel nacional como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha expresado su preocupación por la violación del Estado de derecho que implica esta reforma constitucional.
