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Se argumenta que los jueces respaldan la utilización de fideicomisos para obtener ventajas excepcionales.
El ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador denuncia la resistencia de jueces y magistrados a reembolsar fondos de fideicomisos destinados a la reconstrucción de Acapulco. Solicita la intervención de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para centralizar los amparos y agilizar su resolución.
El 31 de octubre, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, destacó que la propuesta del Poder Ejecutivo ofrece una opción real para actuar en defensa de la población. Se compromete a trabajar en conjunto para restaurar los derechos de las personas afectadas y garantizar condiciones de igualdad para su futuro.
Basándose en los artículos 94 de la Constitución y 80 bis de la Ley de Amparo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicita a Norma Piña ejercer la facultad de atracción y priorizar la resolución de los amparos presentados por miembros del Poder Judicial Federal (PJF).
Sostiene que, al buscar mantener el control de recursos públicos provenientes de contribuyentes, los jueces no pueden decidir imparcialmente sobre dichos amparos.
El gobierno argumenta que la SCJN debe atender prioritariamente estos casos, dada la excepcionalidad y trascendencia al involucrar intereses económicos de jueces y magistrados del PJF, contraviniendo el interés público de destinar recursos a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Expresa confianza en “algunos ministros” y apela a su imparcialidad, mientras critica a otros por anteponer intereses económicos al bienestar de la sociedad.
El gobierno de la 4T alega que, de manera rápida e inusual, el Poder Judicial otorgó la suspensión definitiva impidiendo el uso de fondos de fideicomisos para la reconstrucción en Guerrero.
Afirma que esto incumple el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 aprobado por la Cámara de Diputados el 9 de noviembre.
Se señala que jueces, como Juan Fernando Luévano Ovalle y Elizabeth Trejo Galán, otorgaron suspensión definitiva con efectos generales, beneficiándose a sí mismos y a otros jueces y magistrados.
El gobierno reclama que esto va en contra del principio nemo iudex in sua causa, resaltando la importancia de la imparcialidad judicial consagrada en la Constitución y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Critica que jueces y magistrados buscan mantener el control de recursos públicos para beneficio propio, a diferencia de otros trabajadores que aportan para recibir prestaciones.
La administración de la República cuestiona la equidad y justicia de defender derechos laborales supuestos que no disfrutan otros trabajadores.
Enfatiza que recibir beneficios extraordinarios no garantiza independencia judicial y apela a la ética judicial, sugiriendo que los jueces debieron abstenerse de conocer casos relacionados con la extinción de fideicomisos del PJF.
