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Pemex, la empresa petrolera estatal de México, ha enfrentado desafíos financieros y de gestión durante años. Si bien sería injusto culpar exclusivamente al actual gobierno por su situación, la administración y la opacidad en sus gastos no han cambiado mucho desde el pasado. A pesar de heredar problemas de sexenios anteriores, el gobierno actual ha encontrado millones de pesos sin comprobar y ha encarcelado al director anterior.
No obstante, las prácticas de administración y opacidad continúan, lo que ha llevado a mayores pérdidas y una producción más baja, incluso a pesar del aumento en el precio del barril de petróleo. Mientras que en 2018, el precio del barril se situaba en 61.4 dólares, en 2022 alcanzó los 89.2 dólares.
Uno de los sectores más importantes de Pemex, Transformación Industrial, que engloba sus 6 refinerías, registró pérdidas netas de 65.2 mil millones de pesos en 2018. En 2022, estas pérdidas aumentaron significativamente a 177.5 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 172.2% en comparación con 2018.
Las exportaciones de Pemex en 2022 alcanzaron los 39,212 millones de dólares, pero las importaciones superaron ampliamente esa cifra, llegando a los 74,114 millones de dólares, lo que representa un 89% más que sus exportaciones.
En términos de deuda, Pemex se encuentra entre las empresas petroleras más endeudadas del mundo. Sus pasivos superan a sus activos, y a pesar de vender la gasolina a precios más altos para los consumidores, sus ganancias no son suficientes para aportar recursos netos al gobierno. En los últimos cuatro años, ha recibido subsidios por un total de 726,300 millones de pesos, una cifra que es siete veces mayor que el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022.
En lo que va de 2023, las exportaciones petroleras alcanzaron los 12,911 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 24,286 millones, casi el doble, lo que pone en riesgo las reservas de dólares de Pemex.
Para encontrar una solución sostenible, se ha planteado la idea de convertir a Pemex en una empresa pública, cotizando en bolsa y permitiendo que el gobierno mantenga la mayoría de las acciones, pero permitiendo que los particulares también adquieran acciones. Esto permitiría tener un Pemex con ingresos y gastos transparentes, evitando que sea una empresa privada controlada por funcionarios que puedan beneficiarse de contratos sobrevaluados y gastos sin comprobar. De esta manera, Pemex podría dejar de ser una carga para México y avanzar hacia una gestión más eficiente y responsable.
