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La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha decidido reservar por cinco años la información sobre los efectivos militares asignados a la seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su finca La Chingada, ubicada en Palenque, Chiapas. Esta medida busca proteger tanto al exmandatario como al personal militar, argumentando riesgos potenciales derivados de la delincuencia organizada.
Según la SEDENA, divulgar detalles sobre el equipo de seguridad podría facilitar ataques planeados por grupos criminales. Durante su administración, López Obrador implementó estrategias para combatir al crimen organizado, lo que lo posiciona como posible blanco de represalias. Además, la institución advirtió que revelar esta información pondría en peligro a los soldados encargados de su protección, comprometiendo la seguridad nacional y el patrimonio estatal.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que López Obrador cuenta con un esquema de protección proporcionado por el cuartel militar de Palenque, en el que los soldados asignados desempeñan también otras tareas en la región. Sin embargo, esta seguridad “mínima” contrasta con el discurso de austeridad del propio López Obrador, quien en su presidencia afirmó que rechazaría privilegios y escoltas tras concluir su mandato.
La decisión de la SEDENA ha generado controversia respecto a los límites entre la transparencia y la seguridad. Por un lado, se argumenta que los riesgos de represalias son reales y que garantizar la seguridad del exmandatario también protege la estabilidad institucional. Por otro, se critica la opacidad en el uso de recursos públicos, sugiriendo que reservar esta información podría sentar un precedente preocupante para futuros casos.
En México, el tema de la protección de expresidentes siempre ha sido polémico. López Obrador rompió con el modelo tradicional al prometer renunciar a escoltas y beneficios tras su mandato. Sin embargo, las circunstancias actuales han llevado a reconsiderar esa postura, justificando un esquema de protección limitado que lo alinea con prácticas internacionales, como las de Barack Obama o Angela Merkel.
La decisión de la SEDENA será revisable hasta 2029, cuando se podrán conocer los detalles sobre el nivel de protección otorgado a López Obrador y las razones específicas detrás de esta medida. Por ahora, el caso evidencia las tensiones entre la seguridad en un contexto de violencia generalizada y el cumplimiento de las promesas de transparencia en el gobierno.
