La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el decreto que modifica el Artículo 21 de la Constitución para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con 441 votos a favor, los legisladores avalaron la propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum, otorgando nuevas atribuciones a esta dependencia en la coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La reforma fortalece el rol de la SSPC, permitiéndole coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y dirigir acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno. Además, la dependencia podrá solicitar información a corporaciones locales y federales para esclarecer hechos delictivos, incrementando su control en el ámbito de la seguridad pública.
El decreto establece que la investigación de delitos será responsabilidad del Ministerio Público, la SSPC, la Guardia Nacional y las policías locales, un esquema que busca optimizar la colaboración entre instituciones. Sin embargo, críticos han señalado que estas modificaciones podrían consolidar un poder excesivo en la SSPC, dejando poco margen para la actuación independiente de otras instancias.
A pesar del consenso legislativo, algunos expertos en seguridad y derechos humanos han advertido sobre los riesgos de centralizar el control en una sola dependencia del Ejecutivo federal. Este enfoque podría reducir la capacidad de supervisión y contrapesos en un tema tan delicado como la seguridad pública.
El proyecto, ahora enviado a las legislaturas estatales para su ratificación, plantea interrogantes sobre cómo se equilibrarán las nuevas facultades de la SSPC con las atribuciones tradicionales de los gobiernos locales. La coordinación efectiva será clave para evitar conflictos de jurisdicción y garantizar que los objetivos de la reforma realmente se traduzcan en mejoras tangibles para la ciudadanía.
Mientras tanto, la oposición y sectores de la sociedad civil observan con cautela este movimiento, considerando el historial de Morena en iniciativas que concentran el poder en el Ejecutivo. La implementación de esta reforma será determinante para evaluar si representa un verdadero avance o simplemente un nuevo paso hacia la centralización gubernamental.