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El ahorro de millones de mexicanos está siendo utilizado para construir viviendas que nunca podrán pagar. A través de instrumentos financieros como CKD y Cerpi, las Afore han destinado más de 600 mil millones de pesos a desarrollos inmobiliarios dirigidos a sectores de altos ingresos, dejando de lado cualquier enfoque de justicia social o beneficio directo para los propios trabajadores que generan ese fondo.
El caso de Be Grand es emblemático. Esta desarrolladora, especializada en proyectos residenciales de lujo en zonas exclusivas, ha recibido mil 913 millones de pesos entre 2018 y 2023 provenientes del dinero de los trabajadores. Con ese capital, se han levantado torres inaccesibles, como un departamento de 144 metros cuadrados en la colonia Tabacalera con un precio superior a los 17 millones de pesos. Para un trabajador que gana el salario promedio del IMSS, eso implicaría destinar casi 80 años completos de su ingreso sólo para cubrir el valor del inmueble, sin contar intereses o gastos adicionales.
A pesar de que estos fondos fueron concebidos para apoyar el crecimiento de infraestructura nacional, en la práctica se han transformado en vehículos que alimentan la especulación inmobiliaria. Felipe Hernández Trejo, académico de la UAM Azcapotzalco, ha advertido que los CKD se diseñaron como trajes a la medida para que las Afore pudieran invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Aunque en teoría también podrían financiar hospitales, caminos o vivienda accesible, la realidad ha sido distinta.
En 2024, de los 37 fondos que recibieron recursos de las Afore, apenas uno tenía alguna relación histórica con vivienda social. El resto dirigió el dinero a proyectos de alta gama como The Ritz-Carlton o The Harbor Mérida, dejando claro que el beneficio está muy lejos de llegar a quienes verdaderamente lo necesitan. Fondos como BlackRock, Promecap y Thor Urbana Capital se han vuelto protagonistas en este esquema que prioriza rentabilidad sobre derechos.
Hernández Trejo también señala que el fenómeno responde a una tendencia global conocida como financiarización de la vivienda, donde los inmuebles dejan de ser un bien social y se convierten en mercancía de alto rendimiento para inversionistas. El resultado es un paisaje urbano de desalojos, torres vacías y desigualdad rampante. Mítikah, por ejemplo, construido con recursos de Fibra Uno, se alza como símbolo de esta distorsión.
La Sociedad Hipotecaria Federal estima que con los fondos captados por Be Grand se podrían construir más de mil viviendas de precio promedio en México. Sin embargo, en lugar de apostar por soluciones asequibles, las Afore optaron por seguir apostando al lujo. La Consar ha permitido que hasta un 20 por ciento del ahorro de quienes nacieron después de 1975 se canalice a estos instrumentos estructurados, sin garantizar un retorno social.
La pregunta central es contundente: ¿por qué el dinero de los trabajadores mexicanos está financiando un modelo que los excluye? Mientras las Afore engordan los bolsillos de inmobiliarias de élite, millones de ciudadanos siguen sin acceso a una vivienda digna. La contradicción no es técnica, es profundamente ética.
