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Este lunes, el comando en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia salió al paso de las recientes declaraciones del expresidente Evo Morales, quien denunció un supuesto intento de magnicidio en su contra. Según Morales, el ataque habría sido planificado como un operativo conjunto entre fuerzas militares y policiales.
En un comunicado compartido a través de redes sociales, el cuerpo militar rechazó contundentemente las acusaciones y aseguró que mantiene su “compromiso con la defensa de todos los bolivianos y la soberanía nacional”. Además, subrayaron que las Fuerzas Armadas “se encuentran en constante alerta para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la población en todo el territorio nacional”.
El mismo domingo, Morales denunció que el vehículo en el que se desplazaba fue blanco de 14 disparos, lo que resultó en heridas para dos de sus acompañantes, quienes, según informó el exmandatario el lunes, se encuentran fuera de peligro.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas hicieron un llamado a la población de Cochabamba a mantener la calma, pues surgieron amenazas de toma de unidades militares en la zona, y enfatizaron en la necesidad de una investigación para esclarecer los hechos.
Paralelamente, la emisora Radio Kawsachun Coca, alineada con Morales, compartió imágenes de seguidores del expresidente instalados frente al cuartel de la Novena División del Ejército en Cochabamba. Estos manifestantes señalaron que algunos de los soldados de esa división habrían participado en el presunto ataque, lo que desencadenó una tensa confrontación en la que un militar efectuó disparos al aire para dispersar a la multitud. En medio de este clima de tensión, algunos manifestantes habrían incendiado vehículos presuntamente relacionados con el ataque.
Desde que Morales hizo pública la denuncia, se han intensificado los bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz y en otras zonas del país, informó la misma radio. Estas protestas, organizadas por simpatizantes de Morales, comenzaron el pasado 14 de octubre como reacción a las investigaciones judiciales en curso sobre el exmandatario en relación a un supuesto caso de trata y tráfico de personas, cargos que Morales niega y califica de persecución política por parte del presidente Luis Arce.
El impacto de estos bloqueos ya se hace notar en el departamento de Cochabamba. Su gobernador, Humberto Sánchez, advirtió en una conferencia de prensa que la situación está afectando severamente a la región y urgió a todas las partes involucradas a entablar un diálogo para evitar una escalada de violencia.
