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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, presentó un proyecto que abriría la puerta para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, una facultad que durante más de una década ha sido catalogada como inconstitucional por el propio tribunal. La iniciativa, que se discutirá el 4 de diciembre, busca revertir por completo la jurisprudencia vigente y fortalecer un esquema altamente cuestionado por sus implicaciones para las garantías constitucionales.
Durante diez años, la SCJN ha sostenido que la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda— no puede congelar cuentas por iniciativa propia, salvo cuando exista una solicitud formal de autoridades extranjeras en el marco de acuerdos internacionales contra el lavado de dinero. El proyecto de Batres rompe con este criterio, proponiendo que los bloqueos se realicen de manera directa cuando la dependencia lo considere necesario, sin supervisión judicial previa y sin límites claramente establecidos.
La propuesta se suma a la reciente reforma a la Ley de Amparo aprobada en octubre, que prohibió a los jueces otorgar suspensiones provisionales contra los bloqueos de cuentas ordenados por la UIF. En la práctica, los ciudadanos afectados ya no pueden frenar de manera inmediata un congelamiento bancario y solo pueden revertirlo si logran comprobar el origen lícito de sus recursos, un proceso que puede tardar meses o incluso años.
De aprobarse este nuevo criterio, el gobierno federal consolidaría un mecanismo de fuerza financiera prácticamente sin contrapesos, en el que la UIF podría congelar fondos de personas físicas y morales sin necesidad de justificar previamente la medida ante un juez. Críticos del esquema señalan que esto ampliaría el margen para abusos, persecución política y afectaciones patrimoniales sin debido proceso, justo en un momento en que el Ejecutivo ha incrementado su influencia sobre organismos autónomos y el Poder Judicial.
El 4 de diciembre, el Pleno de la SCJN deberá decidir si mantiene la jurisprudencia que protege a los ciudadanos de bloqueos discrecionales o si respalda la facultad ampliada que propone la ministra Batres. La votación será clave para definir el equilibrio entre el combate al lavado de dinero y la protección de las libertades económicas en un contexto donde los contrapesos institucionales se encuentran bajo presión creciente.
