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En respuesta a la ausencia de normativas contundentes en materia ambiental, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha presentado al Congreso local una propuesta de ley que redefine la responsabilidad ambiental en la Ciudad de México. Esta iniciativa busca imponer multas económicas, sanciones penales y mecanismos de justicia restaurativa para aquellos que dañen el entorno natural.
A pesar de los llamados de las autoridades federales desde 2018 para que las entidades desarrollen normativas estatales sobre responsabilidad ambiental, la Ciudad de México no ha respondido de manera efectiva. La PAOT propone derogar el actual capítulo sobre el tema en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y reemplazarlo con una ley más integral que abarque acciones u omisiones relacionadas con residuos, contaminación y destrucción de áreas verdes.
Las sanciones propuestas varían según la gravedad del daño. Las personas físicas podrían enfrentar multas de 300 a 50,000 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a entre 32,571 y 5.4 millones de pesos. Para las personas morales, las multas oscilarían entre 1,000 y 600,000 UMA, de 108,000 a 65.1 millones de pesos. Además, se contempla la posibilidad de responsabilidad penal.
La iniciativa también introduce la responsabilidad solidaria para socios o accionistas en el caso de personas morales. Los servidores públicos que omitan denunciar hechos delictivos relacionados con el medio ambiente podrían enfrentar responsabilidad penal por encubrimiento.
La propuesta incluye disposiciones para reparar el daño a la salud de las personas afectadas por la liberación de contaminantes al ambiente, cubriendo gastos médicos y proporcionando compensaciones que van de 1,500 a 500,000 UMA, es decir, de 162,000 a 54 millones de pesos.
Para agilizar los procedimientos, se propone un proceso abreviado en el cual la persona demandada que reconozca el daño podría enfrentar sanciones económicas mínimas y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental. Además, se introducen mecanismos alternativos de solución de controversias, como acuerdos y justicia restaurativa. La propuesta también aboga por la creación de juzgados especializados para resolver casos relacionados con la responsabilidad ambiental.
