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¡Vaya lío! La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acaba de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿El motivo? Las leyes de ingresos que aprobaron en 38 municipios de Hidalgo, que la CNDH considera excesivas y poco transparentes. 🤔
Según el reporte, los diputados aprobaron que los ayuntamientos cobren entre 49.90 y 275.10 pesos por la certificación y expedición de copias; además de tarifas que van de 14.80 a 114.70 pesos por la entrega de constancias y hasta 282.60 pesos por una simple copia digitalizada. ¡Unas tarifas que no pasan desapercibidas!
Lo que preocupa a la CNDH es que las tarifas no parecen estar relacionadas con los costos reales de esos servicios. Según ellos, el Congreso local no justifica de manera clara estos montos, especialmente por las copias certificadas y simples, lo que hace que estas tarifas se vean irrazonables.
Además, en 24 municipios se autorizaron tarifas de hasta 279.10 pesos por un disco compacto y 269.13 pesos por una copia en USB. ¡Un precio bastante alto para el acceso a la información pública!
La CNDH también destacó que la ley de ingresos no debería incluir el costo de la electricidad utilizada en el proceso de entrega de documentos. Este costo depende de un convenio entre el ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que significa que el Congreso local no debía fijar esos montos.
En respuesta, el presidente de la junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez, comentó que aún no han sido notificados sobre esta acción, pero aclaró que la CNDH tiene derecho a impugnar las decisiones, y que ellos revisarán detalladamente el asunto. Así que, el tema sigue dando de qué hablar.
