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En Estados Unidos, una nueva y controversial ley está marcando un antes y un después para los migrantes indocumentados: cualquier acusación de robo o hurto podría llevar al arresto y la deportación inmediata. Esta medida, conocida como la Ley Laken Riley, fue aprobada justo después de que Donald Trump asumiera la presidencia, generando un enorme debate en el país.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que fue brutalmente asesinada en febrero de 2024 en Georgia. Su caso conmovió a la opinión pública porque el responsable, José Ibarra, un venezolano de 26 años, estaba en el país de manera irregular y ya tenía antecedentes por delitos menores. Este episodio motivó al Partido Republicano a impulsar una ley para evitar tragedias similares, consiguiendo incluso el apoyo de algunos congresistas demócratas.
¿Qué propone esta ley?
La normativa exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detenga a cualquier persona indocumentada que haya sido arrestada por delitos menores, como robos o hurtos. Además, permite que los estados demanden al gobierno federal si no aplican las leyes migratorias correctamente, como liberar a detenidos con órdenes de deportación o no sancionar a países que se nieguen a recibir a sus ciudadanos deportados.
Para muchos, esta ley es un paso hacia la seguridad pública, pero para otros, un golpe a los principios democráticos. Los detractores denuncian que contradice la presunción de inocencia y facilita la deportación masiva sin un juicio justo.
¿Por qué es tan polémica?
La principal crítica es que la ley permite detener y deportar a personas basándose únicamente en una acusación, sin necesidad de una condena previa. Organizaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración advierten que esto podría saturar los tribunales y dificultar la resolución de casos más graves.
Además, activistas aseguran que esta normativa no garantiza mayor seguridad pública. La organización Voto Latino señala que no hay pruebas de que exista una relación directa entre el estatus migratorio y la criminalidad, y califica la ley como un instrumento político para estigmatizar a los migrantes y dividir aún más a la sociedad.
Apoyo y rechazo.
La ley fue aprobada con un respaldo significativo en el Congreso, pero no sin tensiones. Incluso algunos demócratas, como John Fetterman, justificaron su apoyo argumentando que es necesario proteger a las comunidades mientras se trabaja en una reforma migratoria más amplia. Sin embargo, figuras como Pramila Jayapal han denunciado que esta medida es un ataque directo a los derechos de los migrantes y viola los valores constitucionales del país.
