El Gobierno de la Ciudad de México decidió extender hasta todo 2026 el periodo para tramitar la licencia permanente de conducir, un movimiento que llega a semanas de vencer el plazo original y que responde, según autoridades, a la alta demanda ciudadana. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los capitalinos que realicen el trámite “con calma”, asegurando que el programa se mantendrá disponible durante todo el año siguiente.

La ampliación del plazo también coincide con una recaudación sin precedentes: más de 2 mil millones de pesos ingresaron al fideicomiso destinado a movilidad gracias a la emisión de licencias. Aunque el gobierno local asegura que estos recursos se usarán para mejorar la infraestructura vial, transporte público y movilidad no motorizada, no han faltado las voces que señalan que la medida funciona, en la práctica, como un mecanismo de recaudación acelerada disfrazado de política de movilidad.
Las autoridades afirman que los fondos se aplicarán en intervenciones específicas: 66 cruces seguros en entornos escolares, la ampliación de Ecobici con 600 estaciones nuevas, la compra de 100 autobuses eléctricos para la RTP y la transformación de diversos CETRAM. Sin embargo, organizaciones de movilidad han insistido en la necesidad de transparentar con mayor detalle el uso de los recursos y garantizar que los proyectos se ejecuten con calidad y sin retrasos, un señalamiento recurrente hacia la administración capitalina.
El trámite podrá realizarse en línea o en cualquiera de los 35 módulos distribuidos en la capital, muchos de ellos operando de lunes a domingo con horarios ampliados. A pesar de la promesa de agilizar los procedimientos, largas filas y fallas en el sistema digital han sido reportadas por usuarios durante los últimos meses, lo que incrementó la presión para extender el periodo.
Brugada defendió la decisión afirmando que 2025 se convirtió en el año con mayor emisión de licencias en la historia de la ciudad. Este crecimiento, más que previsto, superó cualquier proyección oficial, lo que también alimenta la discusión sobre si la política se diseñó como un programa de regularización vehicular o como un mecanismo para reforzar la recaudación en un año donde múltiples proyectos de infraestructura requieren financiamiento adicional.
La administración capitalina también anunció que incluirá nuevos métodos para acelerar el proceso, aunque no detalló cuáles ni si implicarán ajustes en costos, módulos temporales o herramientas digitales adicionales. Mientras tanto, los automovilistas que aún no cuentan con la licencia permanente tendrán un año más para obtenerla, con la garantía de que el trámite permanecerá abierto durante todo 2026.
Los módulos de Semovi, Tesorería Exprés, alcaldías y oficinas de Administración y Finanzas continuarán operando con horarios extendidos. La expectativa del gobierno es que la ampliación reduzca la saturación actual, aunque el impacto real dependerá de que las medidas anunciadas logren, efectivamente, agilizar los trámites y no se limite a extender un problema operativo durante otro año completo.
En un contexto donde la movilidad capitalina enfrenta retos cada vez mayores, desde congestionamientos históricos hasta fallas en el transporte público, el uso de estos recursos y la eficiencia del programa serán claves para evaluar si esta ampliación beneficia a la ciudadanía o si únicamente prolonga un proceso que, desde el inicio, ha estado marcado por la improvisación.
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