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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado este martes que no considera necesario que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, asista al Senado para defender los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF). Según él, esto sería simplemente “puro ruido” y espectáculo. En su lugar, le ha recomendado convocar una rueda de prensa para explicar por qué los ministros ganan 700 mil pesos al mes.
Cuando se le preguntó sobre la declaración de Piña de que no hay condiciones para que acuda al Senado, López Obrador respondió: “No hace falta, es más espectáculo, puede significar falta de respeto a quienes asisten”. Agregó que “lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales; para qué van a ir al Senado a discutir”.
El presidente propuso que el PJF responda a diez preguntas específicas sobre su funcionamiento y sus acciones en los últimos años, incluyendo por qué los ministros ganan 700 mil pesos, por qué no se castiga a jueces y magistrados por corrupción, y por qué se contrató a una persona cercana a Genaro García Luna para administrar la oficina de la SCJN. Además, cuestionó por qué no permitieron consultas populares en cuestiones como la privatización del petróleo o las pensiones de los trabajadores.
López Obrador también destacó que no hay base legal para la existencia de 14 fideicomisos del PJF y afirmó que estos fondos son ilegales. Argumentó que no hay un fundamento legal para que el Poder Judicial mantenga estos fideicomisos y que todas las instituciones gubernamentales deben regresar lo que no utilizan en sus presupuestos anuales.
El presidente mostró ejemplos de cómo han crecido los recursos en los fideicomisos, lo que considera una duplicación de fondos, ya que el PJF solicita presupuestos que ya contemplan recursos etiquetados para los mismos fines. Por ejemplo, citó el caso de los fondos de pensiones complementarios para mandos superiores del PJF, que pasaron de 516 millones de pesos en 2015 a 789 millones en 2022.
Esta declaración del presidente López Obrador es parte de una creciente controversia en México sobre la eliminación de fideicomisos gubernamentales y el rol del Poder Judicial en el país.
