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Eran conocidos como los “comanditos”: un grupo de activistas políticos decididos a poner fin al gobierno autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora, tras las controversiales elecciones presidenciales del mes pasado, cientos de estos activistas y sus testigos electorales están huyendo del país, según la oposición.
Varios venezolanos abandonaron su país en el último mes. Algunos se cambiaron de ropa o se escondieron entre arbustos durante su trayecto hacia un lugar seguro. Muchos escaparon de manera ilegal, viajando de noche y ocultándose durante el día para esquivar los controles instalados por el gobierno de Maduro. Otros dijeron haber pasado gracias a oficiales que simpatizaban con la causa opositora. La mayoría solicitó anonimato por temor a que el gobierno tomara represalias contra sus familias.
Una mujer que huyó con su esposo e hijo comentó: “Dejé a mi madre, que tiene 84 años… Mi madre me dijo: ‘Sé fuerte, mi amor, todo saldrá bien; la alegría volverá a Venezuela. Si ya no estoy aquí cuando regreses, sabré que al menos eres libre'”.
¿El motivo de su fuga? Ayudar a recolectar más de 1,200 actas electorales, documentos cruciales para demostrar, según la oposición, que Maduro manipuló las elecciones. Antes de los comicios del 28 de julio, una encuesta sugería que un tercio de los venezolanos consideraría dejar el país si Maduro resultaba reelecto. Y ahora, los disidentes entrevistados desde Colombia, Ecuador, Chile y Estados Unidos, podrían ser el inicio de una nueva oleada migratoria.
Viviana Save, organizadora opositora del estado de Trujillo, contó que la persecución en su contra comenzó mucho antes de las elecciones. Refugiada fuera de Venezuela, dijo que desde el 20 de julio había estado mudándose constantemente por miedo a ser arrestada. Los “comanditos”, como eran llamados, se encargaron de movilizar a los votantes y recoger las actas electorales impresas en cada centro, buscando garantizar una votación transparente.
A medida que se acercaban las elecciones, el hostigamiento se intensificó. Save mencionó que las fuerzas del gobierno vigilaban su casa como forma de intimidación. “Se estacionaban al frente, con agentes enmascarados para asustar a mi familia”, relató.
Después de las elecciones y la proclamación de la victoria de Maduro, que levantó sospechas tanto dentro como fuera del país, la represión no se hizo esperar. Según cifras oficiales, al menos 2,000 opositores fueron detenidos y muchas casas de activistas marcadas con X negras. La violencia política cobró la vida de al menos 24 civiles y un soldado.
Maduro incluso ordenó la apertura de nuevas cárceles para albergar a los detenidos y lanzó la “Operación Tun, Tun” para capturar a los opositores. Save fue uno de los objetivos de esta campaña represiva. El gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, la señaló públicamente como buscada por terrorismo, acusación que ella rechaza rotundamente.
El Consejo Nacional Electoral, controlado por aliados del gobierno, declaró que Maduro ganó con un poco más del 50% de los votos. Sin embargo, la oposición y observadores internacionales cuestionaron estos resultados y han exigido la publicación detallada de los datos electorales. La oposición, por su parte, ha publicado más del 80% de las actas recolectadas, las cuales sugieren que el candidato opositor Edmundo González Urrutia superó a Maduro.
A pesar de que la ley venezolana permite la publicación de los resultados electorales, el gobierno acusa a la oposición de divulgar actas falsas, sin presentar pruebas. Además, activistas y periodistas han reportado la anulación de pasaportes y otras formas de represión para impedirles salir del país.
Desde el exilio, Save sigue con la esperanza de regresar a Venezuela. “El gobierno no imaginó que podríamos organizarnos de esta manera. A pesar de sus órdenes, obtuvimos el 92% de las actas, lo que demuestra que el pueblo está con nosotros“.
