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En #EstadosUnidos, el número de personas sin un techo donde vivir está rompiendo récords 📈, y el presidente #DonaldTrump ha decidido tomar cartas en el asunto… a su manera. Este lunes, anunció un operativo que incluye el despliegue de la #GuardiaNacional en Washington D.C., patrullajes nocturnos con agentes del FBI y la toma directa del control de la policía local. Según el mandatario, el objetivo es “hacer la ciudad más segura y bonita que nunca”.
La medida llega después de una orden ejecutiva firmada en julio que facilita el arresto de quienes viven en las calles. Trump lo dejó claro en su plataforma TruthSocial: “Les daremos un lugar donde quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales irán a la cárcel”.
Sin embargo, autoridades locales como Muriel Bowser, alcaldesa del Distrito de Columbia, calificaron el plan de “desconcertante e improcedente”, recordando que la criminalidad en la ciudad está a la baja, con los delitos violentos en su nivel más bajo desde 2024.
📊 Las cifras son alarmantes: el último conteo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) reveló que 771,480 personas no tenían vivienda en enero de 2024, un aumento del 18% respecto a 2023. Las familias con hijos han sido las más golpeadas, con un crecimiento del 40% en un año, lo que deja a casi 150,000 menores sin un techo.
Organizaciones especializadas advierten que esta crisis tiene raíces profundas: escasez de vivienda asequible, salarios que no alcanzan para pagar alquileres, acceso limitado a atención médica y políticas históricamente discriminatorias. Según la National Low Income Housing Coalition, un trabajador con salario mínimo tendría que laborar 104 horas semanales para poder rentar un apartamento de un dormitorio a precio justo.
El aumento también se ha visto impulsado por la llegada de migrantes en busca de asilo, especialmente en ciudades como Los Ángeles, donde familias de Venezuela, Ecuador y otros países han terminado viviendo en campamentos improvisados.
Aun así, Trump sostiene que la mayoría de personas sin hogar tienen problemas de adicciones o salud mental, y propone internamientos civiles obligatorios para quienes representen un peligro o no puedan cuidarse por sí mismos. La ACLU ya advirtió que la recolección masiva de datos que plantea el plan podría poner en riesgo la privacidad y aumentar la criminalización de esta población.
Para especialistas como Margot Kushel, de la Universidad de California San Francisco, esta estrategia pinta un “retrato simplista y distorsionado” de un problema mucho más complejo. Como ella misma remata: “Criminalizar a la gente por no tener un hogar no nos hace más seguros, y tampoco resuelve la crisis”.
