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Luis Linares Zapata, hasta ahora comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), presentó su renuncia al Senado de la República, efectiva a partir del primero de enero de 2025. Su salida ocurre en un momento crítico, justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para discutir la eliminación de siete organismos autónomos, incluida la CRE, cuyas funciones se propone sean absorbidas por la Secretaría de Energía.
En un breve comunicado dirigido al presidente de la mesa directiva del Senado, Linares Zapata recordó que fue designado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como integrante de la CRE en abril de 2019, para un periodo que finalizaría en diciembre de 2025. Sin embargo, con el cierre de la administración histórica de López Obrador, el comisionado decidió adelantar su salida, poniendo fin a su gestión.
La mesa directiva del Senado tomó nota de su renuncia y la remitió a la Junta de Coordinación Política para los procedimientos correspondientes. Esta decisión de Linares Zapata coincide con el proceso legislativo que podría acabar con la autonomía de la CRE, uno de los organismos clave en la regulación energética del país, otorgando a la Secretaría de Energía el control directo de estas funciones, según se debate en el dictamen en curso.
Con amplia experiencia en temas energéticos, Linares Zapata ha sido asesor del Senado en esta materia y coordinador de estudios de coyuntura en la cámara. También es conocido como articulista en medios de comunicación, donde ha expresado su perspectiva sobre la política energética nacional.
El posible desmantelamiento de la CRE y otros organismos autónomos forma parte de la iniciativa de reforma que actualmente avanza en el Congreso, generando críticas sobre el riesgo de centralización y la pérdida de autonomía en entidades dedicadas a la regulación sectorial. La propuesta ha encendido un amplio debate en torno a la independencia y eficacia de estos organismos en un contexto donde sus funciones serían absorbidas por el gobierno federal, lo cual, según analistas, podría mermar la supervisión y el control independientes en el sector energético.
