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La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó públicamente la gentrificación que afecta a la Ciudad de México, enfocando su señalamiento en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, todas gobernadas por la oposición. No obstante, su propio historial inmobiliario desmiente ese discurso: en 2020, construyó un edificio de departamentos en la colonia Roma Sur, una de las zonas con mayor presión inmobiliaria en la capital.
Alcalde Luján compró en 2016 una casa de dos niveles por 4.2 millones de pesos. Para 2019 ya la había demolido y un año después inició la construcción de un edificio de cuatro niveles, a pesar de que el permiso de construcción autorizado por la alcaldía Cuauhtémoc era solo para tres. El inmueble cuenta con estacionamiento, tres departamentos, roof garden con jacuzzi, área de descanso y asadores.
El edificio ha sido habitado por la propia dirigente morenista, su hermana Bertha María —titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México— y su amigo Yamil Villarreal. Fotografías publicadas por los tres en redes sociales muestran convivencias frecuentes en el inmueble, a pesar de que hasta febrero de 2024 no se había presentado el aviso de terminación de obra, requisito indispensable para obtener el permiso oficial de uso y ocupación.
De acuerdo con registros del Registro Público de la Propiedad, Bertha María Alcalde adquirió un departamento de 134 metros cuadrados en agosto de 2016. Por su parte, Luisa María declaró en 2019 haber adquirido un tercio del inmueble gracias a una donación de un millón 700 mil pesos que recibió de sus padres, recurso que utilizó como parte del pago.
El contraste entre el discurso público de Alcalde y sus acciones privadas ha generado críticas sobre la doble moral con la que se conducen algunos líderes de Morena. Mientras desde la tribuna se denuncia el encarecimiento de colonias por el auge inmobiliario, en los hechos se participa activamente en ese mismo fenómeno, incluso burlando las normas establecidas.
El caso pone en entredicho no solo la coherencia de la presidenta del partido en el poder, sino también la permisividad institucional que ha permitido que, durante cinco años, un edificio sin permisos definitivos sea habitado sin consecuencias legales. Esta situación arroja nuevas sombras sobre la narrativa oficial que busca presentarse como defensora de los sectores vulnerables, cuando en los hechos sus dirigentes se benefician de los mismos procesos que dicen combatir.
