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El actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, acumula propiedades de alto valor en Cancún, incluido un departamento de 15.5 millones de pesos en el exclusivo complejo Shark Tower, un edificio de 20 pisos con tres albercas, marina privada y acceso a campo de golf. Este condominio, inaugurado en 2022, forma parte de un patrimonio que contrasta con el discurso de austeridad promovido por la llamada Cuarta Transformación.
De acuerdo con información consultada por Latinus, Marín Mollinedo posee al menos diez propiedades en la zona, de las cuales cinco no aparecen registradas en su declaración patrimonial. La omisión reaviva las sospechas sobre el estilo de vida de varios altos funcionarios ligados al círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han sido cuestionados por presuntas incongruencias entre su patrimonio y sus ingresos oficiales.
Rafael Marín Mollinedo, uno de los colaboradores más antiguos de López Obrador, ocupó diversos cargos desde la administración capitalina hasta el gobierno federal. En 2022 fue nombrado director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, precisamente en el momento en que comenzaban a detectarse las operaciones del llamado huachicol fiscal, una red de tráfico ilegal de combustibles y mercancías que continúa bajo investigación.
Aunque solo permaneció siete meses en el cargo antes de ser designado representante de México ante la Organización Mundial de Comercio, recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum lo reinstaló al frente de las Aduanas. La decisión generó críticas debido a que su regreso se produjo apenas semanas después de revelarse una nueva trama de corrupción y desvío millonario en el sistema aduanal, escándalo que el propio gobierno federal ha intentado minimizar.
El caso de Marín Mollinedo se suma a una larga lista de funcionarios de la llamada 4T que acumulan propiedades y bienes de lujo mientras predican austeridad. Su regreso al puesto confirma, una vez más, la tendencia de la actual administración a reciclar figuras cuestionadas, privilegiando lealtades políticas sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
