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Julia María del Carmen García González, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México, denuncia como una “farsa” el proceso de renovación del Poder Judicial, tras ser destituida mediante un sorteo organizado por el Senado. En una entrevista, García González expone su estrategia legal para buscar una compensación por los más de 20 años de servicio que perdió debido a la reciente reforma.
El sorteo, celebrado el pasado sábado, dejó a cientos de jueces y magistrados enfrentando un futuro incierto, en un contexto donde se les ha señalado de corruptos y protectores del crimen organizado. Para García González, este proceso es una manifestación de los ataques constantes que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lanzó durante su administración contra el Poder Judicial, cada vez que una resolución judicial no favorecía sus intereses.
La magistrada, de 51 años, ha dejado claro que no participará en el proceso de elección popular de 2025, considerándolo indigno. En su lugar, planea buscar una indemnización justa por los años de estabilidad laboral que le fueron arrebatados. Según afirma, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de resarcir el daño causado por esta reforma, que ha truncado su carrera sin motivo alguno.
La indemnización que propone la reforma judicial, equivalente a tres meses de salario y 20 días por año trabajado, resulta insuficiente, según la magistrada. No solo ha perdido su estabilidad económica, sino también su proyecto de vida, después de 30 años dedicados al trabajo jurisdiccional.
García González también criticó la postura del senador Ricardo Monreal, quien declaró que los amparos contra la reforma constitucional son improcedentes. La magistrada subraya que Monreal no tiene la autoridad para hacer tal afirmación, ya que corresponde a los jueces decidir la validez de dichos recursos.
Además, denuncia la falta de transparencia en el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma. Según explica, durante la votación en la Cámara de Diputados, no había certeza sobre la presencia de quórum, y se llegó a permitir que personas no autorizadas participaran en la votación, lo que atenta contra los principios democráticos.
La magistrada también expresó su preocupación por la traición dentro del propio Poder Judicial. Señala al consejero Javier Molina Martínez, quien votó a favor de ignorar las suspensiones que debían frenar el proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular, calificando su decisión como una puñalada por la espalda.
Una vez que termine su proceso de duelo tras ser separada de su cargo, García González buscará integrarse en observatorios ciudadanos para evaluar el desempeño de los nuevos jueces y magistrados, comprometiéndose a ser una crítica activa de las decisiones judiciales en los próximos años.
