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La ministra Margarita Ríos Farjat presentó su renuncia al Senado, uniéndose a sus colegas Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes también dejaron sus puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como respuesta a la controvertida reforma judicial. Ríos Farjat manifestó su decisión de rechazar el haber de retiro, como parte de su inconformidad con las condiciones impuestas por la nueva legislación.
En su carta de renuncia, Ríos Farjat enfatizó que esta decisión no debe interpretarse como una aceptación implícita de la reforma al Poder Judicial, que continúa siendo objeto de controversias constitucionales en la propia Corte. La ministra explicó que la modificación legal aprobada en septiembre de 2024 exige a los ministros decidir si permanecerán en su cargo o participarán en la elección judicial prevista para el próximo año, algo que ella considera una disyuntiva inapropiada.
La ministra destacó que, desde el inicio de su mandato, ha cumplido con su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución, defendiendo la separación de poderes y los derechos humanos. Señaló que el marco legal de la reforma plantea una situación peculiar, en la cual los ministros deben renunciar si desean conservar ciertos derechos, o permanecer en su cargo temporalmente sin la posibilidad de disfrutar de dichos beneficios.
Ríos Farjat, cuya renuncia será efectiva en agosto de 2025, expresó que continuará desempeñando su labor hasta esa fecha, pero que su salida es una forma de mostrar rechazo a las condiciones impuestas. También reiteró su compromiso de no aceptar el haber de retiro, afirmando que, si en algún momento no logra donar esta compensación a organizaciones de ayuda a la infancia en situación vulnerable, regresará esos fondos a la Tesorería de la Federación.
La ministra dejó claro que no participará en la próxima elección judicial, desvinculándose así del proceso electoral del 2025 en el que se elegirán ministros, jueces y magistrados por voto popular. Subrayó que su decisión refleja un compromiso con la autonomía del Poder Judicial y con su deber de servicio a la nación.
