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Con una mochila colgada al hombro y un cuadro de Karl Marx apretado contra el pecho, Marx Arriaga Navarro cruzó por última vez la puerta de la Secretaría de Educación Pública la tarde del 17 de febrero. No fue una salida discreta ni mucho menos decorosa. El ahora exdirector general de Materiales Educativos se marchó después de más de cien horas atrincherado en su oficina del sexto piso, resistiendo una destitución que el propio secretario Mario Delgado había ordenado desde el viernes 13 de febrero.
La SEP informó que el procedimiento de notificación fue administrativo y se realizó con apego a la normativa, pero Arriaga se negó a reconocerlo. Desde el primer momento exigió un oficio formal de cese, y mientras tanto se plantó en su oficina acompañado de colaboradores cercanos y docentes de comités magisteriales que le llevaban alimentos y lo respaldaban en transmisiones en vivo por redes sociales.
Durante su resistencia, Arriaga desconoció públicamente a Nadia López García, la poeta mixteca nombrada como su reemplazo, y calificó su destitución como un ataque contra la Nueva Escuela Mexicana. Con actitud desafiante, le dijo a los oficiales de seguridad que intentaron sacarlo que no tuvieran miedo porque estaban con un obradorista, y los retó a animarse a justificar que sacaron al director general de Materiales Educativos.
Mario Delgado reveló que había acordado con Arriaga una salida el domingo 15, pero el funcionario incumplió el pacto y siguió atrincherado. Antes de su destitución, le ofrecieron un cargo en el extranjero que rechazó rotundamente. Los trabajadores de la dependencia denunciaron semanas antes que Arriaga operaba un sistema de extorsiones y maltratos, pidiendo depósitos de hasta 38 mil pesos a empleados de honorarios a cambio de promesas de plazas.
El episodio completo retrata la descomposición interna de un gobierno que pregona transformación pero permite que sus funcionarios se comporten como dueños de las instituciones. Arriaga se fue con su retrato de Marx, pero dejó atrás un legado de moches, despidos injustificados y un control ideológico de los libros de texto que la propia SEP tuvo que reconocer como insostenible.
